La Procuraduría General de la Nación requirió al Ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, respuestas acerca del proyecto de acto administrativo para la conformación, operación, recursos, monitoreo y seguimiento de los equipos básicos de salud, financiados con la Unidad de Pago por Capacitación (UPC).

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La entidad advierte que según la jurisprudencia de la H. Corte constitucional los recursos de la UPC tienen una destinación especifica y estos no podrán ser utilizados para fines distintos a los previstos en la Constitución y en la Ley, puesto que, estos argumentos no se pueden tener como fin para ser un proyecto especifico de regulación.

De esta manera, el ente de control reitera que el Ministerio de Salud y Protección Social no tiene la competencia para determinar una cifra porcentual de referencia en la resolución y tampoco cambiar el uso de estos recursos, según lo que esta establecido en la ley; por lo que, podría representar una violación al derecho fundamental de la salud y un mayor detrimento en la prestación de los servicios.

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El Ministerio Público considera que la resolución 2364 de 2023 expedida por el Ministerio de Salud, que fijo el incremento de la Unidad de Pago por Capacitación de los regímenes contributivo y subsidiado para la vigencia 2024, se expidió sin que el documento surtiera los principios fundamentales que garantizaran el debido proceso de publicidad.  

Asimismo, la Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social, encontró que no se dio la participación a todas las EPS como actores fundamentales del sistema para dialogar con los funcionarios que hacen parte del equipo técnico del ministerio, sobre la suficiencia de la UPC; también, se desconocen los fundamentos jurídicos, técnicos y financieros para definir la destinación de estos recursos.

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Finalmente, el organismo de control ofició para que se abstengan de expedir la citada resolución y a su vez, no continuar con el proceso de expedición de este acto administrativo.

*Con información de Procuraduría General de la Nación